La Ley de Delitos Económicos y Atentados contra el Medio Ambiente está
diseñada para combatir distintos tipos de delito que estén relacionados al ámbito económico y financiero.
Es una normativa que introduce un régimen robusto de sanciones y responsabilidades para personas naturales y jurídicas, y que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente.
En este artículo, abordaremos los aspectos más relevantes de la ley N°25.595, los ilícitos considerados como delitos económicos, su vigencia, la responsabilidad penal en estos delitos y las consideraciones clave que los abogados deben tener en cuenta al asesorar a sus clientes.
La ley N°25.595 tiene como principal objetivo fortalecer el marco legal en torno a cualquier delito que afecte la economía, la transparencia financiera y la confianza del público en las instituciones.
Esta ley incorpora medidas preventivas y sancionatorias, que buscan responsabilizar tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas (empresas) por su involucramiento en actividades delictivas de carácter económico.
Uno de los cambios más significativos que introduce la ley N°25.595 es el establecimiento de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Aquí, se responsabiliza a la empresa que, por acción u omisión, facilite o no tenga sistemas de prevención de delitos económicos en su interior.
Esto implica la necesidad de implementar medidas de compliance, que incluyan evaluaciones de riesgos y la designación de oficiales de cumplimiento que aseguren el cumplimiento de la ley, entre otras obligaciones.
La actualización de la Ley de Delitos Económicos y Atentados contra el Medioambiente establece un enfoque integral para prevenir y sancionar infracciones de diversa índole. Los elementos más importantes de la normativa son los siguientes:
Con ley N°25.595, para que un delito económico se aplique con todas sus consecuencias, se deben cumplir los siguientes requisitos:
A partir de ahora, los delitos económicos no se clasifican por materia, sino por categoría.
La ley establece cuatro categorías del delito:
Son aquellos que bajo toda circunstancia se consideran económicos.
Aquí se incluye aquel delito contra el mercado de valores y delitos bancarios, por ejemplo: delito de colusión, delitos bursátiles, entrega de información falsa a la CMF, corrupción entre particulares, ocultamiento de información a la FNE, etc.
De acuerdo a esta ley, un delito será considerado “económico” cuando sea sometido en el ejercicio de un cargo, función o posición dentro de una empresa o cuando se cometiera en beneficio de la misma.
Algunos ejemplos de este tipo de delitos son: delitos informáticos, delitos imprudentes contra la vida y la salud de las personas, delitos contra el medio ambiente, delitos tributarios, estafa, administración desleal, ley de propiedad intelectual, etc.
Son aquellos cometidos por un funcionario público, siempre que hubiese intervenido en él alguien en ejercicio de un cargo, función o posición de una empresa o en beneficio de la misma.
Ejemplos de delitos de 3ª categoría: Malversación de caudales públicos, cohecho, falsificación de instrumento público, fraude al fisco, enriquecimiento ilícito, etc.
Los delitos de cuarta categoría, según esta ley, son los delitos de lavado de activos y receptación, cuando tengan como base algún delito considerado económico.
Es importante destacar que en las categorías 2 y 3 solo serán considerados delitos económicos cuando se cometen en el marco de actuación de una empresa o en beneficio de una empresa.
Además, las categorías 2, 3 y 4 no son aplicables a las personas naturales y a las micros y medianas empresas. Estas últimas se regulan bajo el artículo 2 de la Ley N° 20.416 que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño.
En el caso de que la empresa forme parte de un grupo empresarial, deben sumarse todos los ingresos del grupo para determinar en qué categoría está y, por lo tanto, determinar si el estatuto sobre personas naturales es parte del apartado de esta ley.
Uno de los grandes cambios que trae esta ley es la incorporación de los delitos que atentan contra el medio ambiente, entre los que podemos nombrar:
El día jueves 17 de agosto de 2023 fue publicada en el Diario Oficial la Ley N°21.595 de Delitos Económicos, que sistematiza los delitos económicos y los atentados contra el medio ambiente.
La discusión de esta ley comenzó en 2020, y buscaba dar una visión actualizada a los delitos económicos, así como a modernizar los modelos de prevención de delitos de las personas jurídicas y promover su implementación al interior de las organizaciones.
Esta ley también incluyó una serie de modificaciones a la Ley N°20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero estableció una vigencia diferida para el decimotercer mes posterior a su publicación, es decir, el 1° de septiembre de 2024.
Dentro de las principales modificaciones a la Ley N° 20.393, destacan las siguientes:
Como abogado, es fundamental estar al tanto de las implicaciones de esta ley.
Algunos puntos clave que debes considerar:
1. Asesorar sobre programas de compliance: Ayudar a las empresas a desarrollar e implementar programas efectivos de cumplimiento es una tarea fundamental. Esto incluye realizar evaluaciones de riesgos, diseñar políticas de prevención de delitos y formar a los oficiales de cumplimiento sobre sus obligaciones y derechos, así como concientizar respecto de la responsabilidad penal de las empresas.
2. Asegurar la documentación y auditoría adecuada: Las empresas deben contar con auditorías regulares que validen sus sistemas internos de prevención de delitos.
Como abogado, es crucial revisar los informes y asegurarse de que estos cumplan con los estándares legales.
3. Actualizar a tus clientes sobre cambios regulatorios: La legislación está en constante evolución, y los cambios recientes en la Ley de Delitos Económicos y la Ley 20.393 son un ejemplo de ello.
Es tu deber mantener a tus clientes informados sobre cualquier modificación y asegurarte de que ajusten sus políticas y prácticas en consecuencia.
La Ley de Delitos Económicos es un marco robusto diseñado para prevenir infracciones en el ámbito empresarial y financiero. Su cumplimiento no solo es una obligación legal, sino también una herramienta para mejorar la transparencia y la confianza en el sistema económico.
Como abogado, tu rol en este proceso es clave para guiar a las empresas a cumplir esta normativa, que incluye importantes cambios a la cultura organizacional de las compañías.