Aunque pareciera que la aplicación de la Inteligencia Artificial en Derecho es algo que ha surgido en los últimos años, lo cierto es que desde los años 70 se viene trabajando en el concepto de IA aplicado al área jurídica.
Por inteligencia artificial entendemos la capacidad de un computador (o robot) de procesar información similar a un ser humano, basándose en algoritmos. Y, en el caso los abogados, la inteligencia artificial busca replicar el razonamiento jurídico o, al menos, complementar la labor de los profesionales del derecho automatizando tareas rutinarias.
Como todo avance tecnológico, la aplicación de la inteligencia artificial en el derecho no está exenta de inconvenientes. En primer lugar, la complejidad de factores que inciden en la resolución de un caso, hace que en la actualidad sea imposible pensar en un sistema que pueda abarcar todo el proceso legal de principio a fin.
Otro de los aspectos importantes es que cada país cuenta con un sistema jurídico propio. Y alimentar una base de conocimientos para que haya un aprendizaje profundo del tema por parte del robot, no sería replicable de un lugar a otro. Con esto se dificulta aún más la posibilidad de tener aplicaciones robustas de inteligencia artificial para abogados para cada estado.
Pero, si bien queda mucho camino por recorrer, lo cierto es que la inteligencia artificial aplicada al derecho tiene beneficios innegables. Estos pueden ser utilizados para mejorar la productividad y optimizar tiempo y costos en los procesos legales.
Actualmente, la aplicación de inteligencia artificial en ámbitos jurídicos es una realidad. Muchos profesionales han entendido las ventajas de transformarse en un abogado tecnológico y han optado por implementar tecnología jurídica en su día a día.
Entre los usos más difundidos podemos nombrar:
Ya sea de clientes o casos, tener bases de datos robustas y organizadas permite realizar un mejor análisis de la información y tomar decisiones de negocio basadas en datos concretos. Aquí la inteligencia artificial y el derecho trabajan hacer más eficiente la etapa inicial de un proceso jurídico.
La definición de tareas de equipos y su asignación, alertas de entregas, clasificación de documentos o envíos programados de información relevante son parte de las opciones que entrega la inteligencia artificial aplicada a en tareas del día a día de un abogado.
Existen chatbots que entregan respuestas a los clientes sobre determinadas cuestiones jurídicas. En este caso, la IA permite ahorrar tiempo y evitar demoras innecesarias respondiendo preguntas sencillas, y además funciona como filtro para que los abogados atiendan los asuntos relevantes que requieren su asesoría. Este tipo de acciones favorece la retención de clientes y se enmarca dentro de una estrategia de marketing jurídico.
La redacción de documentos se puede agilizar usando herramientas que modelan el lenguaje natural y generan contenido mediante promts o “instrucciones” que un humano -en este caso un abogado- necesite para el desarrollo de ideas, ensayos, contratos u otro tipo de documento legal.
La implementación de un marco regulatorio para la IA a nivel internacional comenzó en 2018, cuando la Unión Europea presentó por primera vez una estrategia de inteligencia artificial y acordó un plan con los estados miembros. Esto dio como resultado la publicación de la Ley de Inteligencia Artificial en marzo de 2021.
En China se ha creado una estrategia nacional de IA con el objetivo de convertirse en un líder mundial en esta área para el año 2030. Japón creó la “ley para la promoción de la IA” y Corea del Sur tiene leyes que regulan el uso de las herramientas de inteligencia artificial en el sector público.
En el caso de Chile, en 2021 el Ministerio de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación publicó la primera Política Nacional de Inteligencia Artificial en Chile y su plan de acción.
De esta manera, la regulación varía ampliamente entre los países y se está desarrollando rápidamente para adaptarse a la transformación digital y a las preocupaciones sobre su impacto en la sociedad.